El desperdicio alimentario es responsable del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y casi el 30% de los terrenos agrícolas del mundo se están empleando para producir alimentos que no serán consumidos, según se señala desde Naciones Unidas (ONU).
Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el porcentaje de alimentos producidos que se desperdician, a escala global, asciende a un 30%.
Teniendo en cuenta la importancia de estos datos, urge actuar para reducir el desperdicio de alimentos y poder evitar, así, los riesgos que entrañan para el cambio climático, la sostenibilidad de la agricultura y el aprovechamiento de los recursos alimentarios que garantizan nuestra subsistencia.
Un objetivo que está establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su Meta 12.3 “Producción y Consumo Responsable”, que exige la reducción del desperdicio alimentario mundial per cápita a la mitad, así como reducir las pérdidas de alimento a lo largo de las cadenas de producción y suministro.
En el caso de España, los datos de 2022 nos muestran una reducción del desperdicio alimentario del 6,2%, respecto a 2021. Una mejora que, aún así, nos deja con una cifra de 1.201,92 millones de kg o litros de alimentos desperdiciados. De estos, el 78,6% se produjo en productos sin utilizar, mientras que el 21,4% se corresponde a las sobras de comidas.
A razón de esta situación y para seguir avanzando en la reducción del desperdicio alimentario, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
Esta ley, tal como expresa el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, parte de una idea sencilla y muy gráfica: no se tira nada. Y, atendiendo a este imperativo categórico, establece una jerarquía de uso en la que se incluye el aprovechamiento de los desperdicios no aptos para consumo humano para la obtención de biocombustibles.
Aspectos clave del proyecto de ley
El objetivo de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es reducir el desperdicio de alimentos en la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación de todos los actores involucrados.
Para ello, la ley establece medidas de buenas prácticas, como el incentivo del consumo de productos considerados poco estéticos, alimentos de temporada y ecológicos.
Además, las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas.
Un aspecto esencial de la ley, cuando se produce el desperdicio alimentario, es la jerarquía de prioridades de uso.
En esta jerarquía, la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos y, cuando no sea posible, se contempla la transformación de algunos alimentos en otros, como cremas o mermeladas.
En el caso de tratarse de desperdicios de alimentos no aptos para el consumo humano, el orden de aprovechamiento queda establecido de esta forma: para la alimentación animal, subproductos en otra industria o la obtención de compost o biocombustibles.
La ley también establece sanciones para aquellos que incumplen las obligaciones establecidas en la norma.
Biocombustibles a partir de desperdicios alimentarios, una alternativa sostenible
La inclusión, en esta nueva ley, del aprovechamiento de los desperdicios no aptos para consumo humano para la producción de biocombustibles resulta una estrategia innovadora y sostenible.
Esta es una medida que puede contribuir significativamente a la reducción de las emisiones GEI: aprovechar los desperdicios para la producción de energía evita las emisiones GEI asociadas a su descomposición y, a su vez, la energía renovable generada reduce la dependencia respecto a los combustibles fósiles.
Esto estaría alineado con las metas de la Agenda 2030 e impulsaría el desarrollo de una economía circular y sostenible.
Uno de los biocombustibles que puede obtenerse a partir de los desperdicios alimentarios es el biogás. Su producción implica procesos de digestión anaerobia que transforman los restos orgánicos en metano. Esto tendría lugar en plantas Waste to Energy (WtE) que incorporasen estos procesos y el biogás producido se utilizaría para generar electricidad, calor o como biocombustible.
España cuenta con un gran potencial para la incorporación del WtE a la gestión de residuos sólidos urbanos y, por tanto, en la gestión del desperdicio alimentario generado en hogares y servicios de restauración y hostelería. No obstante, su implantación se encuentra retrasada en nuestro país, respecto a otros países de Europa.
La aprobación de esta nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, y las medidas que conlleva, servirá de estímulo para acelerar el desarrollo de las plantas WtE y con ello el modelo de economía circular y a la transición energética.
La concienciación y la educación son fundamentales para lograr un cambio de actitud en la sociedad respecto al desperdicio alimentario. Es necesario promover un consumo responsable y sostenible, que valore los recursos alimentarios y evite su desperdicio.
Además, es esencial seguir investigando y desarrollando nuevas tecnologías y soluciones que permitan aprovechar al máximo los recursos disponibles. La innovación y mejoras que se lleven a cabo en los procesos de valorización de los residuos orgánicos, incluido el desperdicio alimentario, servirán para implantar un modelo de economía circular más eficiente y competitivo, que haga realidad un desarrollo sostenible.
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