La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, promulgada con el objetivo de avanzar en la economía circular, ha generado un impacto significativo en la gestión medioambiental en España.
La normativa busca armonizar, mejorar la información y trazabilidad de los residuos, y reforzar la gobernanza en este ámbito. Al incorporar las directivas europeas, refuerza el principio de jerarquía en la gestión de residuos, promoviendo la prevención, la reutilización y el reciclado como pilares fundamentales en la gestión de los residuos municipales.
Para cumplir con esto, las autoridades competentes deben adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar la preparación de los residuos para su reutilización, reciclaje o valorización.
En España, tal como se refleja en la “Memoria anual de generación y gestión de residuos, residuos de Competencia Municipal 2020” publicada por el MITERD, los avances en esta materia han sido escasos, situando al país en riesgo de no alcanzar el objetivo de reciclado del 50% para 2020, establecido en la Directiva Marco de Residuos.
Con la renovación del marco legal de gestión de residuos, el país ha tomado impulso y se ha posicionado en la vanguardia europea, con objetivos y alcance ambiciosos, así como nuevas herramientas que permitan cumplir con la normativa y superar los desafíos técnicos, económicos y sociales que presenta la gestión de los residuos.
Unos desafíos que debe asumir la sociedad española en su conjunto si queremos contribuir al desarrollo de una economía circular europea con un alto nivel de eficiencia en recursos.
Desafíos que superar
La normativa establece metas ambiciosas para el aumento progresivo de la preparación para la reutilización y el reciclado, y el esfuerzo que habrá que realizar es extraordinario.
La adopción de medidas económicas, financieras y fiscales para mejorar la gestión de los residuos son esenciales, así como la colaboración activa entre autoridades, operadores económicos y la sociedad civil.
Los objetivos que hay que alcanzar son:
– La preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos municipales debe alcanzar un mínimo del 55% en peso para el 2025. Al menos el 5% en peso respecto al total debe corresponder con la preparación para la reutilización.
– Para el 2030, el porcentaje debe aumentar hasta el 60% en peso, siendo al menos un 10% en peso respecto al total para la preparación para la reutilización.
– Para el 2035, los porcentajes deben alcanzar el 65% y el 15%, respectivamente.
Para alcanzar estos objetivos será necesario:
Aumentar los presupuestos
Según el informe de la Fundación Conama, “Gestión de residuos municipales. La opinión de los técnicos” (2022), las entidades locales de los municipios encuentran serias dificultades para cumplir con los objetivos de la ley debido a la falta de recursos económicos. Ante esto, resulta evidente la necesidad de aumentar la dotación presupuestaria para adquirir los medios materiales y humanos necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos y competencias.
Nueva gobernanza y corresponsabilidad
La aplicación de la nueva normativa y el cumplimiento de los objetivos marcados requiere que, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, asuman la corresponsabilidad, apoyando a las entidades locales y promoviendo programas conjuntos de colaboración.
Así, van a ser necesarios mecanismos innovadores de gobernanza, unidades de asesoramiento para municipios, mecanismos de aprendizaje colectivo, entre otros.
La planificación en materia de residuos
La mejora y extensión de la planificación en materia de residuos servirá para dimensionar los recursos necesarios y poder tomar las decisiones correctas en relación a aspectos económicos, ambientales y sociales, así como asegurar la ejecución.
Esta planificación también permitirá la recopilación y análisis de los datos, y la comunicación con otras administraciones y la población.
La tasa de residuos
La implementación de la tasa de residuos debe adecuarse a los costes de recogida y gestión de residuos, de forma que permita alcanzar los objetivos fijados en la normativa. Se trata de un instrumento esencial para ello y la ciudadanía debe conocer en qué términos se establece.
Poner en valor los puntos limpios
Los puntos limpios deben ser potenciados, redefiniéndolos, aumentando su atractivo y ubicándolos en lugares que sean más asequibles o destacados.
Además, se deben poner en valor con colaboraciones con otras entidades y generar programas de incentivos para el usuario.
Un nuevo marco de colaboración ante la RAP
Con la nueva normativa, la responsabilidad ampliada del productor (RAP) se aplica a nuevas tipologías de productos y obliga, también, a los usuarios de envases industriales y comerciales a establecer un Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Esta ampliación de la RAP supone un nuevo desafío para productores y administradores que requerirá de un nuevo marco de colaboración para poder alcanzar los objetivos.
Información y comunicación
La falta de información afecta la gestión eficiente y supone una pérdida de oportunidad para encontrar sinergias en materia de economía circular en el municipio.
Transformar digitalmente la cadena de valor del residuo se convierte en un desafío para un sector acostumbrado al papel. La modernización de las vías de comunicación con la ciudadanía permitirá no solo cumplir con la transparencia requerida, sino también fomentar su participación en la separación de residuos.
La Ley de Residuos 7/2022 representa una oportunidad para transformar nuestra gestión de residuos y avanzar hacia una economía más sostenible. La sociedad, las autoridades y los operadores económicos deben colaborar de manera efectiva para superar los desafíos actuales y lograr una transición exitosa.
Como sociedad, debemos replantearnos nuestra relación con los residuos y adoptar prácticas más responsables. Es necesario un cambio cultural y una mayor conciencia ambiental para lograr una gestión de residuos que contribuya activamente a la preservación del medio ambiente y al desarrollo de una economía circular eficiente.
